La prohibición de hacer despidos durante seis meses desde la finalización de los Ertes amenaza con provocar una oleada de preconcursos de acreedores.

Se trata de la única vía que tienen las empresas para demostrar que atraviesan dificultades financieras y poder realizar así ajustes, sin acabar echando el cierre. Aunque formalmente, no se va a requerir la presentación ante un juzgado, las condiciones en las que se incurre son las mismas, por lo que será la única manera de evitar un concurso forzoso, según establece la legislación.

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