Se aprueba un Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial dirigidas a seguir protegiendo el tejido productivo, evitando un impacto estructural en la economía y preservando el empleo
En concreto, se crean tres fondos de ayuda a empresas viables cuya situación patrimonial se haya deteriorado como consecuencia de la pandemia por un total de 11.000 millones de euros y se prorrogan las moratorias concursales hasta finales de 2021, además de otras medidas para facilitar el aplazamiento de deudas tributarias
En primer lugar, se crea una Línea de ayudas directas a autónomos y empresas dotado con 7.000 millones de euros para que las comunidades autónomas canalicen ayudas a los autónomos y empresas de los sectores más afectados, cuyos ingresos hayan caído más de un 30% con respecto a 2019, destinadas al pago de deudas contraídas con proveedores y otros acreedores desde marzo de 2020
Estos recursos se destinan a los sectores más afectados por la pandemia y habrá un compartimento especial para reforzar el apoyo a las empresas de Islas Baleares y Canarias, que recibirán 2.000 millones de euros por el impacto diferencial derivado del especial peso del turismo en su economía
Dichas ayudas podrán llegar al 40% de la caída de ingresos para las micropymes y autónomos, y al 20% para el resto de empresas, con una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva, y entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas
En segundo lugar, se crea una línea dotada con 3.000 millones de euros para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera que cuente con aval público
Para establecer un marco de actuación común en las reestructuraciones de los balances empresariales y favorecer la implicación de las entidades financieras, se aprobará un Código de Buenas Prácticas, en línea con el existente en el ámbito hipotecario
Para los casos en que las anteriores medidas no sean suficientes, en tercer lugar, se crea el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, gestionado por COFIDES y dotado con 1.000 millones de euros, destinado a fortalecer la solvencia de empresas no cubiertas por el fondo ya gestionado por SEPI
La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del personal directivo
Finalmente, se amplía la vigencia de algunas medidas en el ámbito concursal, dando así un plazo para desplegar estas medidas de apoyo y permitir a las empresas restablecer su equilibrio patrimonial, en paralelo con la modernización y agilización del marco concursal con ocasión de la transposición de la correspondiente Directiva comunitaria.
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