Las noticias de Actualidad de la semana

El TS valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresas.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como “notitia criminis” en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno. El tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también denominado ‘whistleblowing’, ha sido incluido en la reciente directiva 2019/1937, que protege a las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión.

 

La UE da dos meses a España para transponer la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales.

La Comisión ha enviado cartas de emplazamiento a Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, los Países Bajos, Portugal y Rumanía por no haber notificado ninguna medida de ejecución de la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales. Bruselas ha dado un plazo de dos meses a estos países para que respondan al requerimiento y, si no lo hacen, iniciará el procedimiento sancionador con un dictamen motivado.

 

El Gobierno asume que los cambios tributarios ligados a los Presupuestos Generales de 2020 no comenzarán a arrojar recaudación adicional hasta la segunda mitad del año.

La ministra de Hacienda, garantizó este martes que dentro de la reforma tributaria que se prepara para poner en marcha en paralelo a los Presupuestos Generales de 2020 “ninguna de las medidas fiscales tendrá efectos retroactivos”. Montero avanzó este martes que tratará de llevar lo antes posible al Consejo de Ministros la aprobación de las nuevas figuras fiscales que no pueden ser tramitadas junto con las cuentas públicas. Es el caso de las nuevas tasas Google y Tobin, los impuestos sobre los servicios digitales y las operaciones financieras, respectivamente.

 

Hacienda deberá acudir a la empresa, y no al trabajador, para probar la realidad del desplazamiento y sus motivos.

No sólo los directivos, sino también miles de trabajadores reciben de manera habitual dietas por gastos de comidas, transporte o alojamiento, ya que sus obligaciones laborales les exigen realizar parte de sus tareas fuera de la oficina. Estos pagos, que no tributan por IRPF siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, están en el punto de mira de la Agencia Tributaria, que desde hace un par de años, ha generalizado las inspecciones para comprobar que el gasto realmente se ha producido y que, además, está relacionado con la actividad laboral. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de enero obliga a Hacienda a cambiar su forma de proceder ante tales comprobaciones.

 

La nueva ley contra el fraude fiscal iniciará su trámite parlamentario.

Comporta novedades relacionadas con las criptomonedas, la doble contabilidad en los negocios, la lista de morosos con el fisco, el pago en efectivo. En su momento, Hacienda estimó que estos cambios normativos iban a suponer ingresos adicionales para las arcas públicas de unos 828 millones de euros. Una cifra que la Autoridad Fiscal rebajó a menos de 350 millones. La nueva ley reproduce los ejes básicos del texto presentado a finales del 2018. la nueva normativa rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite general de los pagos en efectivo. Sin embargo, se mantiene en 2.500 euros para los pagos realizados por personas que no actúan como empresarios y profesionales. Quedarán prohibidas la producción y tenencia de software que permita manipular datos contables y gestión empresarial. Las empresas se arriesgan a multas de 150.000 euros. También obligan a que este tipo de programas cumpla con unos estándares de trazabilidad e inviolabilidad.

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